Guillermo Schweinheim* | La Argentina democrática ha resuelto graves problemas históricos. El funcionamiento del régimen democrático, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana y el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad, aparecen como los más significativos.
Casa Rosada, sede del Gobierno nacional de la República Argentina. Abril 11, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian.
Tenemos, sin embargo, un desarrollo económico y social truncado, tasas inusuales de indigencia, pobreza y desocupación, un descenso de la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, y ciclos de crecimiento y estabilidad cruzados con estancamiento, inflación y endeudamiento.
También tenemos un déficit de administración del Estado. Y somos muchos los que creemos que esta falla en la administración del Estado es una causa principal de nuestro estancamiento económico y social. Entre los déficits de nuestras administraciones públicas existe uno del que poco se habla: la carencia de una función pública profesional y un régimen de funcionarios públicos que permita atraer a los mejores a la administración del Estado para garantizar el bien común.
Consolidar un sistema de función pública abierta a todos los ciudadanos idóneos y honestos, mediante mecanismos de selección o examen que garanticen igualdad de oportunidades a todos los argentinos de prestar su capacidad como servidor público, es una carencia de todas las administraciones democráticas del 83 hasta el presente, salvo excepciones.
Los países que cuentan con un funcionariado profesional han consolidado su desarrollo económico, industrial, social y tecnológico; han construido sistemas de bienestar, salud y seguridad social; cuentan con educación avanzada; garantizan las inversiones públicas y privadas para que la infraestructura física permita el funcionamiento de la vida, la economía y las comunicaciones; dan continuidad a planeamientos, procesos y sistemas de gestión y a programas y políticas de gobierno; cuentan con mercados financieros regulados; tienen un razonable manejo del presupuesto público y una deuda pública de bajo riesgo; logran tener sistemas de control ambiental acorde a los estándares actuales; todos efectos positivos de contar con una función pública competente, honesta y eficaz.
Ante este problema de larga data en Argentina, un grupo numeroso y plural de académicos, profesores, expertos, investigadores, consultores y ex responsables de todos los gobiernos democráticos hasta el presente en materia de Administración y Gestión Pública impulsamos un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial del régimen, políticas y realidades que hacen al funcionariado público en nuestro país, en todos los Poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal). Lo hacemos en un año en el que todos tomaremos decisión respecto de los gobiernos futuros.
A tal fin, hemos elaborado una propuesta de Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI. El mismo ha sido suscrito por más de trescientos expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50 Asociaciones Civiles y Profesionales, Fundaciones, ONG y Sindicatos del Sector Público y 18 Instituciones de gobierno de Nación y Provincias y de los tres Poderes del Estado. Y proponemos los siguientes compromisos:
1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando el derecho de todos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.
2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, estableciendo carreras administrativas basadas en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.
3. Planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.
4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.
5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa, en especial en materia de género, y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.
6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.
7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.
Además, proponemos institucionalizar el diálogo social para lograr consensos para una política de largo aliento para el empleo público a través de un Consejo Nacional de la Función Pública con representación de todos los actores políticos y sociales relevantes para lograr alcanzar, de una vez por todas, la idoneidad, integridad y profesionalismo de la función pública en Argentina y enfrentar los desafíos del siglo XXI.
*Guillermo Schweinheim es profesor de Administración Pública (UNSAM y UBA), ex vocal del Directorio del INAP.
Publicado en Clarín (2 de mayo de 2019). https://www.clarin.com/opinion/consenso-mejorar_0_x8aGmNxjT.html