En el marco del lanzamiento del séptimo número de M21, presentaremos 10 criterios y principios para mostrar a la sociedad que otro cambio es posible y que se deben seguir para reconstruir y renovar al peronismo, tanto en sus ideas como en sus liderazgos.
La cita es en el Palacio San Miguel (Siupacha 84), el martes 22 de mayo a las 18 hs. Allí se presentará el 7mo número de la Revista Movimiento 21 y disertarán el senador Miguel Ángel Pichetto, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el director de M21, Hugo Quintana.
Para que a la Argentina le vaya bien tenemos que volver no por el fracaso de otros sino por ser mejores que los que nos precedieron. Por eso se impone un doble desafío: ser garantes de gobernabilidad y alternativa de poder.
El modelo de representación política basado en la existencia de partidos está hoy en crisis por diversas razones. Desde el vertiginoso cambio tecnológico en el área de las comunicaciones hasta la incapacidad de adecuarse a las demandas sociales de participación y respuesta a sus problemas cotidianos, han determinado un alejamiento entre esas estructuras y los ciudadanos.
Eso ha provocado que se desdibujen los partidos que históricamente fueron vehículo de la representación y canalización de intereses de los diversos sectores sociales. Consecuentemente el bipartidismo que caracterizó nuestra historia política también ha entrado en crisis.
Peronismo y radicalismo constituyeron los dos ejes centrales de la democracia recuperada en 1983. Uno y otro, con su alternancia, sostuvieron el sistema republicano aún superando crisis muy grandes. La hiperinflación de 1989 y la crisis de la convertibilidad en 2001 son claro ejemplos de ello.
Con un radicalismo subsumido y relegado en Cambiemos, con otras expresiones menores de esa alianza que al arrogarse el papel de fiscales de la República solo mellan la autoridad presidencial y con un peronismo en estado de feudalización y desorientación en cuanto a su identidad, su propuesta y su liderazgo, la sociedad no tiene una alternativa en la cual referenciarse como opción democrática de cara al futuro.
Y eso no es bueno. Si el peronismo no es capaz de generar una alternativa dentro del sistema republicano, el riesgo es que la alternativa sea el antisistema. Sólo basta con mirar a Venezuela para saber lo que eso significa.
Intencionalmente se nos ha pretendido identificar como desestabilizadores de los gobiernos de signo distinto. Si bien eso constituye una mentira perfectamente orquestada, dado que fuimos nosotros los que tuvimos que hacernos cargo de los errores no forzados de esas administraciones, no menos cierto es que debemos desmontarla con acciones y propuestas que nos devuelvan ante la sociedad credibilidad y consenso.
Que quede claro: nuestro compromiso es con la defensa irrestricta del sistema democrático, republicano y federal de gobierno, con división de poderes, organismos de control independientes y la erradicación de la corrupción sistémica.
Fuimos nosotros, frente a la crisis de diciembre de 2001, en una coalición de gobierno con un radicalismo todavía con identidad y liderazgo, los que evitamos la disgregación nacional y pusimos de pie al país, evitando una escalada de violencia que nos hubiera llevado al abismo cuando estalló una convertibilidad originalmente exitosa en la lucha contra la inflación pero sostenida irracionalmente en el tiempo.
Debemos asumir responsablemente nuestro rol actual de oposición, lo que implica el enorme desafío de reconstruir nuestra identidad sin por ello ser obstáculo ni excusa para justificarse por una gestión de gobierno que no termina de encontrar soluciones para temas cruciales de la Argentina, ciertamente muchos de ellos heredados, tales como la pobreza, la falta de generación de empleos, la inflación o el insuficiente crecimiento de la economía, entre tantos otros.
Sobre estas prioridades estructurales puede y debe haber un resguardo común que acuerde políticas públicas perdurables al margen de quien ejerza circunstancialmente el mandato gubernamental.
Queremos que a la Argentina le vaya bien. No queremos volver por el fracaso de otros, sino porque somos mejores que los que nos precedieron. Se impone, entonces, un doble desafío: ser garantes de la gobernabilidad y alternativa de poder para 2019. Y ser mejores supone ejercitar una fuerte autocrítica sobre los errores cometidos.
Tampoco nos resignamos al papel de administradores de una crisis sin plan para resolverla, sin una visión estratégica, improvisando y sin cuadros de gestión eficientes con capacidad de dar respuestas adecuadas a los desafíos que enfrentamos, motivados solo por la búsqueda de poder y no por la vocación de servicio.
Con el marketing se puede ganar elecciones por cierto tiempo. Pero lo que no se puede es gobernar indefinida y eficientemente propiciando el mantenimiento de la atomización opositora y sin la búsqueda de consensos políticos y sociales que le den estabilidad al sistema. No hacerlo por especulación, por temor o por incapacidad política, solo ampliará la grieta heredada.
El cambio que pretendemos no es un simple slogan que hace hincapié en las formas y no resuelve los problemas de fondo. El cambio que pretendemos, el auténtico cambio, es mostrar que hemos aprendido de los errores del pasado y que queremos y sabemos cómo construir el futuro. Un futuro donde los corruptos no puedan ocupar ningún lugar como no sea la cárcel.
No es desempolvar vetustas recetas monetaristas lo que nos va a sacar de la crisis, sino la comprensión de los cambios globales y la definición de nuestro rol en el mundo que viene y que ya se está manifestando con dureza en el presente.
En un mundo que se cierra y se protege, cualquier apertura sin racionalidad es un pasaporte al fracaso, tan grande como la aplicación de un proteccionismo indiscriminado.
Muchos y complejos son los interrogantes que exigen respuestas para un cambio real y con efectos positivos para nuestro pueblo. No se trata de construir un nuevo relato –vacío e ideologista- transmitido hasta el hartazgo a través de las cadenas nacionales y mucho menos de caer en el ya gastado slogan del cambio -también vacuo y sin contenido- reproducido al infinito por las redes sociales y la protección mediática.
No es generando debates sobre temas significativos, pero tangenciales a las cuestiones de fondo, con la sola finalidad de distraer a la opinión pública por un tiempo, como se van a superar los problemas urgentes que afectan a nuestro pueblo. Ese marketing es solo pan para hoy y hambre para mañana.
Volver a hacer grande a la Argentina es el único modo de hacer una Argentina para todos en la que el nuevo nombre de la justicia social sea la igualdad de oportunidades. La perpetuación de un asistencialismo sin horizonte de realización personal es el camino más directo a la frustración de las nuevas generaciones y la condena a mantener fuera del sistema a crecientes sectores de nuestro pueblo.
Desde el origen supimos que gobernar es crear trabajo. Solo así, recreando esa cultura del trabajo, podremos liberar a millones de argentinos de esa condena.
No se trata de cambiar el collar, lo que hay que cambiar es el perro. No es simple cosmética lo que necesita nuestro país. Requiere valentía para hacer, sabiduría para saber qué hacer y firmeza para sostenerlo.
Políticos sobran, lo que nos faltan son estadistas. Por ello urge una actualización programática y la convocatoria a una nueva épica, sin la cual no hay renovación generacional ni genuina incorporación de jóvenes a una militancia conciente y no rentada, responsable y comprometida con las necesidades de la Nación y de su pueblo.
Es a esos jóvenes a quienes ofrecemos este espacio de construcción para que allí aniden los que quieran. Y desde así organizar su natural rebeldía y canalizar positivamente sus insatisfacciones, siendo críticos de todo aquello que merece serlo pero proponiendo alternativas serias y consistentes a cada una de las posturas que formulemos.
Creemos que a partir de estos criterios y principios se debe reconstruir y renovar al peronismo, tanto en sus ideas como en sus liderazgos, al mismo tiempo que mostrar a la sociedad
que otro cambio es posible.
Y esto hay que empezar a hacerlo ya, antes que sea tarde.
DIEZ PROPUESTAS PARA EL FUTURO ARGENTINO
DESARROLLO INTEGRAL PARA PONER FIN A LA DESIGUALDAD
La Argentina necesita formular y poner en marcha una estrategia integral de desarrollo productivo que permita generar las condiciones para promover la inversión, mejorar la educación, asumir los desafíos de la economía digital, factores sin los cuales no hay posibilidades reales de crecimiento sustentable ni mejoramiento del nivel de vida.
La competencia en el mundo hoy es de carácter sistémico, porque no compiten solamente empresas sino también países. Esa competencia se libra entonces entre sistemas integrales de organización y de decisión. Por eso, el ineludible mejoramiento de la productividad y de la competitividad tiene que estar sustentado por una estrategia orientada hacia el mejoramiento de la eficacia global del sistema.
Sólo a partir del establecimiento de un marco sistémico será posible avanzar hacia un sistema productivo cuya materialización exige una estrategia gradual, que facilite a las empresas nacionales, en especial a las pequeñas y medianas, un proceso de transición para colocarse a la altura de los cambios operados en el sistema mundial. Dicha estrategia tiene que contemplar la heterogeneidad de la estructura productiva argentina, donde conviven sectores de subsistencia, tradicionales y modernos, que requieren políticas específicas para aumentar la productividad y el bienestar de los más rezagados.
La implementación de esa estrategia de desarrollo demanda una macroeconomía equilibrada, que reduzca el déficit en el sector público y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, disminuya la inflación y garantice que los precios clave no tengan presiones al alza. También es fundamental mejorar los niveles de seguridad pública, la transparencia administrativa, la organización judicial y eliminar la corrupción. Cada vez cobra mayor valor la calidad de los bienes públicos, desde la educación y la seguridad hasta la salud pública y la defensa del medio ambiente, lo cual obliga a reorganizar al Estado.
UN ESTADO ACTIVO Y EFICIENTE A FAVOR DE LA JUSTICIA SOCIAL
La misión de la política y el rol del Estado reside en afrontar y resolver los problemas de desigualdad, generar condiciones para el desarrollo, revalorizar el trabajo y buscar mecanismos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos, en el camino de la justicia social.
Para ello, es indispensable terminar con la improvisación en la administración de un Estado convertido en botín de guerra de la política y elegir funcionarios públicos probos y competentes, designados por sus méritos profesionales y no por su filiación partidaria o sus vinculaciones empresarias.
Ni un Estado burocratizado e ineficiente, ni un Estado puesto al servicio de los negocios particulares de los grupos gobernantes. La Argentina exige un Estado fuerte e inteligente, dotado de capacidad de planeamiento estratégico, con un rol activo en el desarrollo de la innovación científica tecnológica, munido de adecuadas facultades de control y con aptitud de liderazgo para impulsar la acción mancomunada de la sociedad.
EDUCACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA PARA SER PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La aceleración del cambio tecnológico genera un enorme desafío al mundo del trabajo. La respuesta estratégica es la puesta en marcha de una verdadera Revolución de la Educación y del Trabajo, que promueva la rápida creación de condiciones para que la Argentina pueda incorporarse a esta nueva sociedad del conocimiento.
Hace falta tener una visión audaz y de gran envergadura para que todos los argentinos, independientemente de su edad, condición social y ubicación geográfica puedan desarrollarse individual y colectivamente en las condiciones extremadamente competitivas que plantea la revolución tecnológica de nuestro tiempo.
Este replanteo estratégico exige la transformación integral del sistema educativo para mejorar la calidad, la cobertura, la pertinencia y la formación de los docentes. También se debe impulsar un “cuarto nivel” educativo, asociado al mundo del trabajo, para incorporar nuevos conocimientos y capacidades, ya no durante una etapa determinada sino a lo largo de toda la vida.
Solo así será posible responder a las exigencias de una sociedad cada vez más sofisticada y cumplimentar una condición indispensable para reducir las desigualdades sociales y garantizar una auténtica igualdad de oportunidades para todos. En esta sociedad del conocimiento, la educación es una herramienta indispensable para la justicia social.
La experiencia mundial revela la relación positiva entre la inversión pública en educación y el producto nacional. Pero la educación, asumida como formación del capital humano, puede resultar totalmente insuficiente si, al mismo tiempo, no se implementan políticas económicas y laborales susceptibles de producir oportunidades de empleo de mejor calidad para más trabajadores productivos.
Resulta evidente la creciente influencia de los medios de comunicación, particularmente la televisión, sobre la formación de los niños. La educación formal está más obligada que nunca a transmitir los valores morales y éticos del humanismo. Porque la educación, en cualquiera de sus niveles, no tiene por única finalidad preparar para la estructura ocupacional o “producir” los funcionarios de la sociedad. Es, ante todo, una misión de transmisión de valores y estrategias para la vida.
TRABAJO DIGNO COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA ERRADICAR LA POBREZA
Gobernar es crear trabajo. La justicia social demanda la creación de trabajo formal para todos, para lo cual hay que asumir el debate sobre las nuevas formas y modalidades que el avance extraordinario de la ciencia y de la técnicaÇ imponen al trabajo humano de nuestra época y del futuro inmediato, a partir de la convicción inquebrantable de que el trabajo es indispensable para la dignificación y la realización de la persona.
Esta perspectiva sobre la justicia social se contrapone con las visiones que circunscriben el tema de la pobreza a la “inclusión social” y que en realidad no están orientadas a la erradicación de la marginalidad sino a una simple tarea de “contención”, a través de la perpetuación de un asistencialismo asociado al clientelismo político.
Esto exige que el Estado no sólo genere condiciones de igualdad de oportunidades sino que tenga en cuenta que las víctimas de las desigualdades sociales preexistentes requieren un tratamiento especial y prioritario, para que ellos y sus descendientes tengan posibilidades de salir de la pobreza y poder avanzar socialmente. La movilidad social ascendente tiene que volver a estar en la base de la cultura de los argentinos.
REPOBLAR LA ARGENTINA PARA CONSTRUIR UN PAÍS SOCIALMENTE INTEGRADO
El principal desafío que afronta la Argentina es la desigualdad. Pero ese contraste no involucra solamente la disparidad de ingresos entre los distintos sectores sociales, sino también las enormes desigualdades entre las distintas regiones del país, unidas a la concentración en los grandes conurbanos, convertidos en focos sistémicos reproductivos de la pobreza y la marginalidad social, con una incidencia cada vez mayor en el tema de la inseguridad pública. Resolver estos problemas exige revisar y cambiar las políticas seguidas hasta ahora porque no han dado resultado.
Esto requiere una mayor, mejor y coordinada infraestructura: trenes, autopistas, obras energéticas, dragado de ríos y ampliación del sistema de telecomunicaciones, factores indispensables para la ampliación de la frontera productiva y la creación de incentivos para una redistribución más equilibrada de la población. En este terreno, la prioridad es la reconstrucción del sistema de transporte ferroviario.
REFORMA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE LA RENOVACIÓN POLÍTICA Y LA REAL INDEPENDENCIA DE PODERES
La Argentina exige una profunda renovación política. El punto de partida es el fortalecimiento de los partidos políticos como canales de representación ciudadana, actores del necesario consenso para las políticas de Estado, sustento de la gobernabilidad, vehículos para la formulación de propuestas de gobierno y escuelas de formación de cuadros y de dirigentes aptos para el ejercicio de la función pública, con una vitalidad
reforzada por un renovado protagonismo de la mujer y la juventud.
En esta reformulación es fundamental garantizar la transparencia y la equidad en la financiación de la actividad partidaria. Sin la existencia de un mecanismo transparente de financiación de los partidos políticos, la lucha contra la corrupción puede convertirse en una declamación vacía de contenido.
El funcionamiento orgánico de los partidos políticos tiene que acompañarse con una reforma institucional que promueva la renovación de los elencos dirigentes y consolide la gobernabilidad. En ese sentido, cabe impulsar, con el debido consenso sobre la oportunidad, una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial, estableciendo un solo mandato de cinco o seis años para el Poder Ejecutivo Nacional, prohíba las reelecciones indefinidas en todos los cargos electivos y unifique los mandatos y las elecciones legislativas, para terminar con los problemas derivados de un estado de campaña permanente que estimula el espíritu de confrontación, dificulta la articulación de los consensos y conspira contra la eficacia de la acción de gobierno.
CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL COMO GARANTÍA DE GOBERNABILIDAD Y CAMINO PARA LA INTEGRACIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL
La Argentina necesita que la dirigencia política y social alcance una concertación que permita establecer el rumbo estratégico, inspirado en una visión de largo plazo, capaz de guiar el destino nacional más allá de los gobiernos de turno y de convocar al esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. Esto permitirá la estabilidad de las reglas de juego, reducir la conflictividad y evitar los bruscos y cíclicos cambios de las políticas públicas. Hay que hacer el esfuerzo para convertir las políticas públicas fundamentales en políticas de Estado.
Ninguno de los graves problemas estructurales de la Argentina puede resolverse en el plazo de una gestión gubernamental. Todos ellos, sin excepción, exigen estrategias de mediano y largo plazo. Baste como ejemplo la acuciante necesidad de una reformulación integral del sistema de seguridad social, para garantizar su sustentabilidad económica, gravemente amenazada, y el mejoramiento de las prestaciones a jubilados y pensionados. Esto demanda continuidad en la acción y evitar la natural e inevitable oscilación del péndulo de la política que lleva a que todo cambio de gobierno implique volver a fojas cero, con la consiguiente frustración colectiva.
La concertación es un arduo desafío porque demanda la articulación de intereses contrapuestos. Requiere la inteligencia necesaria para encontrar coincidencias básicas que no signifiquen quedar entrampados en un “juego de suma cero”, sino promover consensos que beneficien al conjunto de la sociedad.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CUENTA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA
La corrupción es de carácter sistémico porque recorre con igual intensidad a toda la clase dirigente argentina Demanda una respuesta de fondo, acorde con la gravedad de la distorsión que significa para la democracia. No se debe ignorar que detrás de cada funcionario o dirigente corrupto hay un empresario que paga y se beneficia. A lo que corresponde agregar que el mayor incentivo para la corrupción es la impunidad, cuya existencia es responsabilidad insoslayable de los magistrados judiciales.
La sociedad argentina tiene que encarar la recuperación de la moral y la ética en la acción política. Repudiamos a quienes se escudan en causas nobles para enriquecerse, convirtiendo a la política en un instrumento de la delincuencia. Solo la eliminación de raíz de este flagelo de la política permitirá reconstruir la cultura del esfuerzo y el trabajo que la sociedad argentina necesita para progresar.
La ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación a lo largo de distintos gobiernos atestigua un profundo desapego a la Constitución Nacional y desinterés por los derechos de los ciudadanos. La Oficina Anticorrupción debe transformarse en un órgano independiente del Poder Ejecutivo y los organismos de control y los entes reguladores tienen que funcionar también con transparencia, profesionalismo y eficacia. Al mismo tiempo, es impostergable encarar, sin dilaciones, una reforma a fondo del sistema judicial.
NUEVAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
En un mundo que cambia aceleradamente, las políticas de Defensa y de Seguridad no pueden quedar aferradas a los criterios vigentes en una época históricamente superada.
En este nuevo escenario mundial, signado por el avance del delito transnacional, es imprescindible reformular la relación entre los conceptos de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Esto no supone involucrar necesariamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo transnacional o cualquier otra amenaza de origen internacional que se manifieste dentro de nuestras fronteras. Pero implica, sí, emplear sus recursos y su capacitación en apoyo de la lucha que está necesariamente a cargo de los organismos de seguridad y en la que también resulta fundamental la cooperación de la estructura de inteligencia del Estado.
No hay poder nacional sin un poder militar capaz de sustentarlo. Si bien la integración regional ha eliminado las viejas hipótesis de conflicto con los países limítrofes, la ocupación del espacio territorial, la preservación de nuestros recursos naturales y el pleno ejercicio de nuestra soberanía requieren una presencia activa de las Fuerzas Armadas, reformuladas en función de una nueva perspectiva estratégica, que demanda una redefinición de su despliegue territorial, su equipamiento y su formación profesional.
En materia de seguridad, se requiere un fuerte énfasis en la tarea de prevención del delito, lo que exige reforzar la inteligencia criminal y la presencia en las calles con agentes altamente capacitados y con salarios adecuados, la incorporación de las nuevas tecnologías para combatir el delito y el establecimiento de eficientes mecanismos de control interno en las fuerzas de seguridad para combatir la corrupción. Es indispensable también revitalizar la relación con las agencias extranjeras de seguridad, como garantía de una mayor eficiencia en la lucha contra los delitos supra- jurisdiccionales.
Corresponde asimismo promover una adecuación de las normas procesales y una profunda transformación del sistema penitenciario para que las cárceles no sean un postgrado del delito.
DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, INTEGRACIÓN CON AMÉRICA LATINA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El mundo atraviesa una etapa signada por el fin del unipolarismo estadounidense, el ascenso de China y un nuevo escenario internacional sellado por la lucha por la hegemonía planetaria. La Argentina no puede pasar de un aislacionismo suicida a un aperturismo indiscriminado. La política exterior es siempre el resultante de un proyecto de Nación.
A partir de la definición de una estrategia nacional de desarrollo integral, es necesario precisar el modo de inserción en el mundo, es unaW inmejorable oportunidad para desarrollar la industria y exportar con mayor valor agregado. En este contexto, resulta imprescindible fortalecer las relaciones con los países de la región.