Por Hugo Quintana y Miguel Angel Toma
FOTO ANIBAL GRECO
“La inseguridad, junto con la problemática económica, son dos reclamos generalizados de nuestra sociedad que requieren urgentes respuestas. El reciente decreto 683/18, en extrema síntesis, al derogar el 727/06 vuelven a la letra y al espíritu original de la Ley de Defensa Nacional de 1988 que fuera votada con un altísimo consenso político y social y al mismo tiempo abre un indispensable debate acerca de la necesidad de repensar el rol de nuestra fuerzas armadas de cara a los desafíos y amenazas que se nos presentan hoy. Las viejas y ya inexistentes hipótesis de conflictos respecto de países vecinos, la finalización de la guerra fría y los cambios geopolíticos han dado lugar a nuevas amenazas de origen externo como el terrorismo, el narcotráfico o los ciber ataques. Se impone entonces reestructurar y modernizar el componente militar de la defensa, tanto en orden a la ocupación y control de nuestros espacios soberanos y sus recursos, como el indispensable aporte a la tarea de seguridad que cumplen los organismos específicos tal como está previsto en la Ley de Seguridad Interior. No podemos dilapidar recursos del Estado por prejuicios de minorías que en su doble discurso permanente, son insensible al padecimiento que la inseguridad somete cotidianamente a nuestros compatriotas. Las Fuerzas Armadas deben adecuarse al desafío de la época y aportar sus capacidades para enfrentar esas nuevas amenazas y deben hacerlo en el marco de la actualización de los instrumentos legales que rigen ese accionar, mediante un debate serio, profundo y sin prejuicios ideologistas, en el marco del Congreso Nacional.”