Por Oscar Lamberto* | “Gobernar es robar”, le hace decir al emperador Caligula, en su obra de teatro, el genial Albert Camus. El propio Caligula sentencia , “mis antecesores robaban en forma oculta con los impuestos internos, yo les voy a robar en forma explícita”.
Veinte siglos después, las costumbres no cambiaron demasiado, solo mutaron las formas y las tecnologías, aunque aún existen robos explícitos y burdos, (como el tipo que tira bolsas con nueve millones de dólares por sobre un tapial de un convento en la madrugada), en general los gobiernos apelan a métodos más sofisticados para poder burlar los controles que se implantan para evitar los robos.
El presupuesto público es una fenomenal herramienta de control cuando todos los actos de un gobierno están reflejados o incluidos en el mismo. Cuando los gobernantes no quieren sujetarse a límites ni controles crean institutos para burlarlos.
Con la ley de Administración Financiera se recuperó el presupuesto y el concepto de la universalidad (todos los recursos, todos los gastos y todo el crédito público dentro del presupuesto).
Ello supone una forma ordenada y normada para realizar el gasto que suele molestar a los funcionarios que diseñan herramientas para realizar gastos e inversiones por fuera del presupuesto.
Fundaciones, becas universitarias, fideicomisos, contratos de participación público privada, han proliferado en la última década para burlar el presupuesto. Donde el gobierno se limitaba a realizar transferencias y la ejecución del gasto se realizaba por fuera del presupuesto, eludiendo leyes de contratación del Estado.
Muchos de los beneficiarios de estas transferencias están fuera de todo control o se rigen por normas del derecho privado que están fuera del radar de los organismos de control, muchos de los escándalos que hoy se ventilan en tribunales, podrían haberse evitado si se cumplían las normas del presupuesto.
Con la llegada de una nueva administración se crearon expectativas de mayor transparencia y de una aplicación ortodoxa del presupuesto, pero a poco de andar se comprueba que solo se exacerba los vicios y hace más complejos los controles.
El presupuesto para el 2018 es una delegación de facultades para transformar la gestión pública en gestión privada. El Estado quedará para pagar sueldos,jubilaciones y planes y cobrar impuestos, tomar deudas y firmar avales.
La obra pública que se anuncia como cuantiosa, estará fuera del presupuesto y será gestionada y administrada por privado, bajo la figura de fideicomisos y de contratos de participación público privada.
La mesa del festín está preparada, un club de bancos privados, que financian con exclusividad , (para que el Banco Nación no participe lo des capitalizan), el cartel de contratistas de la obra pública construyen y gestionan y el Estado otorga prebendas ( exenciones impositivas, baja aranceles, concesiones, peajes, etc.). Todo por fuera del presupuesto y de las normas que rigen la gestión estatal.
No habrá bolsos por sobre un tapial, ahora serán “ganancias empresariales “, que no serían objetable sino fuera porque muchos miembros del club, son ministros, funcionarios o parientes que recientemente fueron beneficiados por el blanqueo.
Gran dilema para el Congreso, rechazar el presupuesto con los riesgos institucionales que encierra, o convalidar por una ley algo que no podría haber imaginado ni el propio Caligula.
*Presidente de la Auditoria General de la Nación