Consejo de redacción de Movimiento 21 | Cuando el Congreso Nacional aprobó la ley que creó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el 2009, en los fundamentos de la norma se trazó como objetivo primordial “consolidar la democracia en el interior de los partidos políticos”. Se argumentaba que “estas organizaciones siempre corren el riesgo de generar y perpetuar cúpulas poco representativas de sus bases por lo que la renovación en el seno de los partidos políticos y en la selección de sus candidatos debe ser una tarea activamente buscada por toda la sociedad y por la legislación electoral y partidaria”. Sin embargo, más allá de las premisas democratizantes, esta enmienda buscaba apuntalar a los partidos tradicionales que implosionaron tras la crisis del 2001 con la consigna “que se vayan todos” como eje que simbolizaba la distancia existente de representación entre los dirigentes políticos y la población.
No se pueden obviar las buenas intenciones de esta reforma electoral respecto a que los ciudadanos de a pie tengan mayor participación en la vida de los partidos políticos a la hora de elegir quiénes serán sus candidatos. Sin embargo, el cierre de listas para las elecciones legislativas del 2017 demuestra el fracaso de las PASO. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los partidos van a ir a las elecciones primarias con lista única, lo que termina convirtiendo en un sinsentido esta modalidad. Las voces a favor de derogar las PASO van tomando mayor fuerza: sectores judiciales, políticos y de la ciudadanía han expresado su rechazo. En el oficialismo tomaron nota de esta tendencia y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó las intenciones de avanzar hacia una reforma electoral en mira a las presidenciales del 2019.
La reforma del 2009 no logró solucionar la falta de democracia interna en los partidos, en donde muchas veces los candidatos son elegidos a dedo, pero tampoco se revierte esta situación derogando sin plantear una alternativa. Las explicaciones esgrimidas por el gobierno de Macri, con Peña como portavoz, de que se “extiende mucho más la discusión electoral” o el costo operativo con el que carga el Estado, desvían el foco de la problemática central. Que el debate sobre las elecciones se amplíe en el tiempo es uno de los puntos positivos de las PASO. Implica reforzar el proceso de politización que experimentó la sociedad en los últimos años. Tampoco se puede justificar su impugnación en la erogación monetaria que tiene necesariamente una elección primaria. La democracia es un valor fundamental de nuestro país, no un gasto corriente más al que se lo puede recortar para paliar el déficit fiscal.
La derogación de las PASO se tiene que dar en conjunto con un llamado a todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, para construir consensos alrededor de una nueva ley de Partidos que sea una verdadera herramienta de transparencia en la elección de las candidaturas, el financiamiento electoral y que esté dotada de mecanismos más claros que los que detenta la norma actual. Abrir la posibilidad a que la ciudadanía no afiliada pueda participar de las internas de los partidos que no lograron acuerdo de unidad, de forma voluntaria, como ocurren con otros sistemas electorales. Dar de baja a las PASO, volviendo a foja cero sin resolver los problemas existentes sería debilitar nuestra democracia.