Por Osvaldo Nemirovsci* | La propuesta del gobierno nacional en su Presupuesto, que tratará el Parlamento, tiene en su art. 125 un claro mensaje de disminución de la calidad de vida para los futuros jubilados patagónicos, ya que se les quita el 50% de lo que hoy cobran por zona fría. 
Vale aclarar que en esta región de la Patria todo es más caro. Transporte, comida, remedios, alquileres, servicios, tarifas. Todo. No se trata de sostener un subsidio caprichoso sino de garantizar que aquellas personas que hace veinte o treinta o cuarenta años decidieron vivir en zonas inhóspitas, alejadas, frías y poco pobladas, hoy encuentren alguna compensación a esa decisión, que si bien es personal también tiene algo de colaboración con metas oficiales de afincamiento poblacional en territorios alejados de los grandes centros urbanos.
Así incluso lo entienden varias leyes que promocionaban tales políticas y alentaban a argentinos y extranjeros a venir a vivir a la Patagonia y poblar sus deshabitadas localidades.
No es arbitrario que nuestra Constitución abone la idea y sea parte constitutiva de nuestro andamiaje jurídico el impulsar medidas y políticas “diferenciadas” para que sean equilibrio en el desarrollo desigual que tienen varias regiones y provincias.
Más claro imposible. Una medida diferenciada es que los jubilados patagónicos cobren 40% de zona fría, pues eso ayuda a equilibrar los gastos y necesidades distintas y mayores que, sobre otra regiones, tienen.
Esta posible decisión, si se aprueba ese artículo en el Presupuesto, es impiadosa y cruel. Y por la importancia cuantitativa que tiene en los gastos e inversiones del Estado Nacional, no aparece como necesaria. Es decir, no van a ahorra mucho y sí van a provocar daño a la calidad de vida de los jubilados patagónicos.
Creo que es un derecho adquirido, discutible desde la juridicidad y con razonable sentido de llevarlo al litigio tribunalicio, con perspectivas ciertas de ganarlo.
Pero lo importante es lo político. En nuestra provincia rionegrina debe haber un monolítico bloque institucional, conformado por el gobierno provincial, senadores, diputados, legisladores, intendentes, concejales, organizaciones gremiales, sociales y de la producción, universidades y demás voces y representaciones que sientan que es justo defender esto, para oponerse firmemente a que este artículo se aprobado.
*Diputado Nacional (MC) por Río Negro