Declaraciones del Director de M21, Hugo Quintana, durante la presentación del quinto número de la Revista en el Hotel Castelar.
DEMOCRACIA Y POLÍTICA
Fortalecer el gobierno republicano de división de poderes, alternancia y limitación temporal en los mandatos.
Reformar el régimen electoral. Control de todo el proceso electoral (escrutinio incluido) a cargo exclusivo del Poder Judicial (Justicia Electoral). Nuevos métodos y/o tecnologías para la emisión y el cómputo del voto ciudadano.
Recreación de los partidos políticos de acuerdo con la visión del artículo 38 de la Constitución Nacional. Es bueno que se evalúen los antecedentes de los candidatos; no es bueno que, en el altar de la imagen y de los proyectos personales, se sacrifiquen la identidad, la institucionalidad y la vida interna de los partidos.
En esas condiciones, acallado el debate interior a favor de un oportunismo pragmático, los partidos políticos se exponen al riesgo de ser dominados por una oligarquía que se recicla permanentemente en el circuito electoral y se refuerza con el nepotismo y el amiguismo.
ÉTICA Y VALORES PÚBLICOS
• Promover una legislación que establezca:
1.La prohibición de que los máximos funcionarios políticos del Estado puedan poseer activos financieros en el exterior.
2.La completa autonomía, respecto del Poder Ejecutivo, del mecanismo o entidad de control de la ética pública y las declaraciones juradas patrimoniales.
•Impulsar y votar una legislación de ética para las asociaciones civiles de interés general y las que reciben subsidios, subvenciones, ayudas, auspicios, promociones y/o aportes de cualquier tipo por parte del Estado, por la cual les resulte vedado a éstas adoptar definiciones partidistas, hacer seguidismo de gobiernos de turno y utilizar su estructura para el soporte de campañas electores.
CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
• No utilización ni convalidación del Decreto de Necesidad y Urgencia para cuestiones presupuestarias que conciernan originariamente al Poder Legislativo.
• Sanción de la ley reglamentaria de la Auditoría General de la Nación (AGN), a la que se refiere el artículo 85 de la Constitución Nacional.
SEGURIDAD PÚBLICA Y AMBIENTAL
• Enfocar la lucha contra la delincuencia criminal organizada como una estrategia específica y prioritaria dentro del Sistema de Seguridad Pública, tendiendo a la acumulación y coordinación de recursos y esfuerzos de todas las jurisdicciones, de modo de mejorar sensiblemente la capacidad operacional de la autoridad pública. Una estrategia de lucha frontal contra la criminalidad organizada debe de tener prevención y ofensiva.
• Propiciar una ley sobre el protocolo de las actuaciones preventivas y correctivas de las fuerzas de seguridad y del orden público para conciliar los derechos de reunión y petición con el de libertad de circulación y el derecho a la asistencia a los espacios y establecimientos públicos.
•“La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que «la unidad es superior al conflicto»” (Laudato Sí, Encíclica, 198).
PLAN DE METAS
•Promover el consenso social en torno de una ley que, para un horizonte de 3/5 años, prevea metas relacionadas con:
1. Inversiones del sector público para el desarrollo.
2. Déficit fiscal, con las políticas principales en materia de ingresos y gastos públicos.
3. Federalismo fiscal.
4. Derecho, libertad y calidad educativos.
5. Formalización de empleo.
6. Reducción de las estructuras políticas del Estado. Consolidación de funciones hasta llegar a una reducción del 50% del número de secretarias y subsecretarias.
7. Disminución de la carga impositiva sobre el salario bruto de los trabajadores.
8. Convergencia del haber jubilatorio hacia la doctrina “Badaro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
* Es secretario general de APOC y director editorial de la revista MOVIMIENTO 21.